Quienes han ganado al malvado Maduro

Sobre Venezuela difundimos la siguiente información y enlaces:

Por fin el pueblo ha ganado en Venezuela, el gobierno del malvado Maduro por fin va a ser derrocado por la "verdadera" democracia, donde ya no habrá violencia en las calles, ni colas en los supermercados por desabastecimiento…todo terminará con el malvado Maduro.

Claro que lo primero que hay que reformar de la malvada dictadura de Maduro, y de eso se encargarán quienes ha elegido el pueblo sin ningún tipo de presión económica, pero esta victoria debe devolver los favores a quienes ayudaron a los "demócratas" a llegar al poder, sin ninguna presión económica.

Los próximos años de democracia deben empezar recortando los derechos conseguidos por la Revolución Bolivariana de Venezuela, donde se reconocieron los derechos de las personas que vivían en situación de marginación, sin educación, sin posibilidad de salir adelante, pero con esta victoria de todos (los empresarios ricos con intereses allí) se terminará la violencia, no porque no vayan a intentar devolver a la marginalidad de donde nunca debieron salir la gente de los ranchitos, sino porque quienes causaban el clima de inseguridad, violencia y desabastecimiento estaban, mayoritariamente, de su lado.

http://www.insurgente.org/index.php/mas-noticias/economia/item/19358-los-empresarios-venezolanos-piden-que-se-quiten-ya-leyes-laborales-y-de-precios-justos (1)

http://www.telesurtv.net/pages/Especiales/Especial-Guarimbas/

https://www.youtube.com/watch?v=Cko8R2ZSEzE

https://www.youtube.com/watch?v=fkrAI72ct-I

(1) La Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Precios Justos, dos de los principales logros para los asalariados aprobados durante el gobierno de Hugo Chávez y ejecutados por Nicolás Maduro, serían derogadas en el corto plazo por los nuevos legisladores a pedido de la dirigencia de Fedecámaras, la mayor federación de empresarios y comerciantes privados de Venezuela.

La Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Precios Justos, dos de los principales logros para los asalariados aprobados durante el gobierno de Hugo Chávez y ejecutados por Nicolás Maduro, serían derogadas en el corto plazo por los nuevos legisladores a pedido de la dirigencia de Fedecámaras, la mayor federación de empresarios y comerciantes privados de Venezuela.

Los resultados finales que dan los 2/3 del próximo poder legislativo a la oposición neoliberal de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), permitirían cambiar o directamente eliminar esas normas, construidas en el marco de la Revolución Bolivariana, y que inciden en la vida de millones de trabajadores.

La Ley de Trabajo, aprobada en 2012, garantiza las prestaciones sociales a trabajador desde su primer día de trabajo, contempla el descanso de varias semanas para las trabajadoras antes y después de haber tenido un bebé, y establece que la indemnización sea doble cuando el despido del trabajador es injustificado, en el marco de otra serie de aportes generales que benefician a los asalariados, particularmente a los de menores ingresos.

También Fedecámaras está pidiendo a los nuevos legisladores que deroguen la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas para los distribuidores y comercios finales que no superen el 30% del valor al que adquieren las mercaderías. A ley que entró en vigor en 2014 para combatir la “guerra económica” que el empresariado desató contra Maduro, según afirmó el presidente en reiteradas oportunidades, ha sido incluso llevada ante el Tribunal Supremo de Justicia para su derogación, pero ese cuerpo rechazó la petición.

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, ha solicitado la derogación de las dos leyes, según consignaron fuentes políticas del gobierno. Martínez ya había anticipado que en caso de ganar la oposición apuntaría a derogar la Ley de Precios Justos porque “genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios”, aseguró.

Todo apunta sin embargo que antes de los cambios sobre la economía del trabajo, los opositores aprobarán una ley de amnistía en el Parlamento para dejar en libertad a los presos procesados por diversos delitos, entre ellos el dirigente ultraderchista y golpista Leopoldo López. Desde el gobierno se afirma que los presos llamados “políticos” son en realidad procesados por delitos de derechos humanos, como el caso de López, condenado a trece años de cárcel por ser declarado responsable de la muerte de 43 venezolanos en las “guarimbas” (manifestaciones) en febrero y marzo del año pasado.

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